La firma electrónica, según la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, se basa en el principio de neutralidad tecnológica.
Este principio asegura que no se excluya, limite o invalide ningún método, procedimiento, dispositivo o tecnología que se utilice para crear una firma electrónica que cumpla con los requisitos establecidos.
El Decreto 2364 de 2012 define una firma electrónica como cualquier mecanismo, ya sean códigos, contraseñas, datos biométricos o contraseñas criptográficas, que permita identificar a una persona en relación con un mensaje de datos o documento electrónico.
Este mecanismo debe ser confiable y adecuado para los propósitos para los que se utiliza la firma.